La política aprobada por Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, supone el establecimiento de un marco para la gestión documental y el control de la información pública en la administración autonómica.
Objetivo
Este documento, impulsado por el Archivo de la Administración que es a su vez el encargado de su coordinación, ha sido aprobado al más alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos a lo largo de su ciclo de vida.
La política determina los requisitos mínimos obligatorios a cumplir por cualquier departamento, área o servicio que implemente o utilice aplicaciones para la gestión de sus documentos, principalmente electrónicos, y va a servir como instrumento para garantizar el sistema de gestión documental y la creación y conservación de la documentación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos.
El objetivo principal de esta política es mejorar el control en la gestión de documentos a lo largo de su ciclo de vida, asegurando el acceso, seguridad, disponibilidad, confidencialidad y conservación de la documentación producida por la Administración autonómica, a medio y a largo plazo. Además, se cumplirá con los derechos y obligaciones determinados en la normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dentro de la Administración.
Roles y responsabilidades
Procesos de gestión documental recogidos en la Política