La integridad y la ética públicas son aspectos fundamentales en la actuación pública, que deben ser ejes prioritarios de la actuación política en una sociedad democrática.
La Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía consagran una serie de principios que rigen la actuación de la administración, como servir con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, la eficacia, la eficiencia, la racionalización, la transparencia y el servicio efectivo a la ciudadanía.
Estos principios han tenido reflejo también en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana, que supone un punto de partida en la configuración de la regulación necesaria para construir un marco jurídico de funcionamiento de la administración pública, que de manera efectiva, garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad.
Si bien resulta evidente la aplicación de todos estos principios a las autoridades y cargos públicos, en particular, ha sido la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas la que ha supuesto una regulación integral de estas cuestiones esenciales, abordando desde la educación y formación en estas materias, hasta el estatuto de los cargos y autoridades y su sometimiento a los Códigos de Buen Gobierno y conducta, entre otras.
Con la finalidad de facilitar la comprensión de los aspectos más relevantes del régimen aplicable a los cargos y autoridades del Sector Público autonómico, así como el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Ley 5/2017, se pone a disposición la Guía para las autoridades y cargos del Sector Público autonómico.
