SUBIR
Participación Ciudadana Transparencia Open Data

Código de buen gobierno

 

La integridad y la ética pública son aspectos fundamentales en la actuación pública y deben ser ejes prioritarios de la actuación política en una sociedad democrática.

 

Consulta todo la documentación relativa al proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública:

La Constitución española determina que la Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales (artículo 103.1) y garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3).

Dichos principios consagrados en el texto constitucional se reflejan en el Estatuto de Autonomía de aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en cuanto se determina que la Administración de la Comunidad autónoma sirve con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho (artículo 62.1) y que la Administración Pública aragones ajustará su actividad a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos (artículo 62.3).

En el ordenamiento jurídico aragonés estos principios han tenido reflejo en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana, que ha regulado dos pilares esenciales del gobierno abierto, como son la transparencia en la gestión pública, que contribuye a reducir la arbitrariedad y opacidad, y la participación como elemento indispensable de la innovación democrática.

Esta Ley, centrada en dichos aspectos y partiendo de lo determinado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es un punto de partida en la configuración de la regulación necesaria para construir un marco jurídico de funcionamiento de la administración pública que, de manera efectiva, garantice el cumplimiento de los principios de transparencias, objetividad e imparcialidad.

Por otra parte, la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, lleva a acabo una regulación del estatuto de los miembros del Gobierno y altos cargos que debe ser renovada y adaptada a las exigencias de una sociedad democrática que garantiza el máximo respeto a los principios precitados.

Resulta por todo ello necesaria una regulación autonómica que conforme un marco normativo en la que la integridad y la ética pública se constituyan de manera efectiva en pilares básicos en una sociedad democrática.

Dicha regulación se hace precisa en cuanto deben determinarse los principios básicos de actuación tanto de los empleados públicos como de los responsables políticos y, a tal efecto, se deberá configurar un código de conducta de los empleados públicos definiendo de forma precisa los derechos y deberes de los mismos, y un código de buen gobierno de los responbales públicos, que incluirá tanto los principios éticos y de conducta que serán exigibles en su actuación como los principios de eficiencia y sostenibilidad en los que se fundamentará la utilización de los recursos humanos y materiales puestos a su disposición.

Por todo ello, se estima necesaria la elaboración de un Proyecto de Ley de Integridad y Ética pública que dé respuesta a los requerimientos anteriores y que así contribuya, de forma decisiva, a fomentar una nueva cultura de trabajo en la Administración Pública, así como evitar cualquier práctica de corrupción.